Uruguay anuncia baja en el precio del supergás por ola de frío

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Ante la disminución de las temperaturas que impactan al país, el Gobierno de Uruguay informó acerca de una reducción especial en el costo de la garrafa de supergás de 13 kilogramos, que será de 100 pesos uruguayos. La disposición entrará en vigor el 1 de julio y se mantendrá hasta el 31 de agosto, como parte de un plan para reducir los gastos de las familias durante el invierno, particularmente en un escenario de temperaturas que podrían descender hasta –4 grados Celsius.

La reducción de precio, que beneficia tanto a hogares subsidiados como a no subsidiados, se suma al programa vigente que cubre hasta el 50 % del costo para los sectores más vulnerables del país. La ministra de Industria, Energía y Minería destacó que se trata de un esfuerzo fiscal significativo por parte del Estado, en favor del bienestar de la población. Según datos oficiales, más del 80 % de los hogares uruguayos utiliza supergás como fuente principal de energía para cocinar, y una proporción importante también lo emplea para calefacción durante el invierno.

Con la baja anunciada, el costo del supergás se reducirá de 88,46 pesos por kilo a 80,77, ubicando el precio de la garrafa de 13 kilos en cerca de 1.050 pesos uruguayos. Esta reducción proporciona un respiro para las finanzas familiares, especialmente teniendo en cuenta que el invierno tiende a ser una de las temporadas con mayor demanda de energía y, por lo tanto, un impacto más significativo en el gasto del hogar.

En paralelo a la rebaja del supergás, el gobierno dispuso un leve ajuste al alza en los precios de los combustibles líquidos. La nafta Súper 95 aumentará 0,25 pesos por litro, la Premium 97 subirá 0,26, y el gasoil 50S registrará un incremento de 1,05 pesos por litro. Esta modificación responde a la política oficial de revisión bimestral de los precios de los combustibles, basada en la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI), que se utiliza como referencia para determinar los valores internos en función de las condiciones internacionales del mercado energético.

Autoridades explicaron que el cambio en el esquema de revisión, que pasó de mensual a bimestral, tiene como finalidad ofrecer mayor previsibilidad tanto a consumidores como a empresas distribuidoras, al tiempo que permite amortiguar fluctuaciones abruptas en los precios internacionales del crudo.

La decisión de reducir el precio del supergás no tiene antecedentes cercanos, según reconocieron portavoces oficiales. Aunque en años anteriores se habían implementado subsidios focalizados, esta baja generalizada del precio al público marca un giro proactivo del Estado ante las condiciones climáticas extremas. La ola de frío que afecta al país desde finales de junio ha sido catalogada como una de las más severas de los últimos años, con registros térmicos negativos en varias regiones del interior y sensaciones térmicas aún más bajas.

El Servicio Nacional de Meteorología ha lanzado advertencias temprano debido a la continuidad del frente frío, y diferentes entidades gubernamentales han redoblado esfuerzos coordinados para asistir a las personas sin hogar, garantizar el suministro de electricidad en áreas rurales y fomentar el uso seguro de calentadores en casa.

La medida también ha generado expectativas respecto a su posible impacto en la inflación mensual. Aunque los aumentos en los combustibles líquidos podrían generar cierta presión, la rebaja en el supergás —considerado un bien de consumo básico— puede actuar como contrapeso en la medición del índice de precios al consumidor durante los próximos dos meses.

Por ahora, el gobierno ha dejado abierta la posibilidad de evaluar nuevas medidas según cómo evolucione la situación climática y económica en las próximas semanas. Desde el Poder Ejecutivo, se enfatizó que el objetivo principal es asegurar que ninguna familia se vea obligada a elegir entre calefaccionarse y cubrir otras necesidades básicas. En tiempos de frío extremo, recalcaron, garantizar el acceso a la energía no es solo una cuestión económica, sino también una prioridad social y de salud pública.

Por Alberto Ramos