La nueva ley de inmigración en Francia, pactada este martes in extremis con la derecha y pendiente de su ratificación en el Parlamento, pone en jaque la mayoría presidencial de Emmanuel Macron. Las medidas represivas, como el endurecimiento del acceso de los extranjeros a las ayudas sociales, cuestionan algunos principios que, durante años, el centrista Macron ha defendido con firmeza. Destacados diputados del bloque presidencial han anunciado que votarán en contra de la versión final del proyecto, lo que sería una rebelión en toda regla contra el presidente. Según el diario Le Monde y otros medios, varios ministros amenazan con dimitir.
La izquierda acusa al presidente de abrazar los postulados de la extrema derecha de Marine Le Pen, quien celebró el acuerdo como “una victoria ideológica” de su partido, el Reagrupamiento Nacional (RN), favorito para ganar las elecciones europeas de junio. Hay una dimensión europea en este forcejeo parlamentario, que coincide con la negociación en Bruselas de un pacto migratorio para la UE.
Le Pen también expresó su “agradecimiento” a la izquierda, pues la izquierda, junto a la derecha y la extrema derecha, rechazó hace una semana debatir el proyecto en la Asamblea Nacional. Y así dejó el texto en manos de la derecha y los macronistas.
La versión final, más dura, debe someterse este mismo martes por la noche al Senado, dominado por la derecha de Los Republicanos, y más tarde a la Asamblea Nacional, dominada por los partidarios del presidente Macron. Este texto es el resultado de un compromiso en la comisión paritaria de 14 parlamentarios de ambas cámaras.
Hay poco suspense para la votación del Senado. El texto acordado responde ampliamente a las demandas de Los Republicanos. La incógnita es el resultado en la Asamblea, hacia las 21.30 horas, pues el ala socialdemócrata del macronismo no está nada contenta con el resultado y podría votar en contra.
Los partidos que votarán seguro a favor, el Reagrupamiento Nacional y Los Republicanos, suman 146 diputados. Las tres formaciones macronistas (Renacimiento, MoDem y Horizontes) reúnen a 239 diputados, pero posiblemente se dividirán. La izquierda, que votará en contra, tiene 146 diputados. El diputado socialista Boris Vallaud declaró: “Espero que en rangos de la mayoría haya hombres y mujeres de principio para rechazar esta componenda.”
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“Será ajustado”, vaticina por mensaje telefónico, entre reunión y reunión, el diputado macronista Patrick Vignal. “Que el Reagrupamiento Nacional vote a favor hace que una parte de mi mayoría recule”. Es decir, que vaya a votar en contra. En contra de su presidente. Algo inhabitual.
La dimensión de la rebelión en el Gobierno y en la bancada presidencial dará el tono de los próximos meses en la política francesa. Una implosión de la mayoría alimentará las voces que reclaman desde un cambio de Gobierno hasta la disolución de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones legislativas. Macron ha convocado esta tarde, antes de las votaciones, una reunión de crisis en el Elíseo.
El texto, según denuncia la izquierda y celebra la propia Le Pen, incluye un concepto históricamente clave para el RN y su antecesor, el viejo partido ultra Frente Nacional. Se trata de la llamada preferencia nacional. “En esta ley”, dijo Le Pen en declaraciones a la prensa, “está inscrita la prioridad nacional, la ventaja para los franceses respecto a los extranjeros presentes en el territorio al acceso de prestaciones sociales.”
Le Pen y quienes acusan a Macron de haber asumido esa preferencia nacional aluden a los artículos que exigirán a los extranjeros, aunque tengan papeles, pasar dos años y medio trabajando en Francia, o cinco años sin trabajar, para poder acceder a algunas ayudas sociales.
La alternativa para Macron y sus diputados sería renunciar al texto. Pero supondría admitir la incapacidad para legislar.
Ninguna solución parecía buena para Macron, sin mayoría absoluta parlamentaria y con un margen de maniobra reducido para gobernar. Lo constató con el primer gran proyecto tras la reelección en 2022: la reforma de las pensiones. Si se aprobó, fue gracias al uso del decreto. Ahora lo vuelve a comprobar con el segundo gran proyecto del quinquenio: la ley migratoria. Era un texto que pretendía un equilibrio entre medidas conservadoras y progresistas. Planteaba facilitar la expulsión de Francia de extranjeros considerados peligrosos. Al mismo tiempo, promovía la regularización de inmigrantes sin papeles que pudiesen trabajar en sectores con escasez de mano de obra.
Una versión más represiva de la ley se había adoptado en noviembre en el Senado, controlado por la derecha. El 10 de diciembre llegó a la Asamblea Nacional, donde los macronistas forman el bloque con más diputados, pero no llegan a la mayoría absoluta. Los macronistas esperaban suavizar ahí la versión de los senadores.
Pero saltó la sorpresa. La izquierda, la derecha y la extrema derecha en la Asamblea Nacional unieron sus votos para adoptar una “moción de rechazo” que impidió que el proyecto llegase siquiera al hemiciclo para que se debatiese. De ahí que se convocase la comisión paritaria de senadores y diputados. Estos, sobre la base del texto más represivo del Senado, han alcanzado el compromiso que debe someterse al voto final este martes.
Está en juego la ley. Y la esencia del macronismo, que se proclama ni de izquierdas ni de derechas, o tanto de izquierdas como de derechas, y que, por dos veces, en las presidenciales de 2017 y en las de 2022, ha evitado la llegada de la extrema derecha al poder. Pero ahora, a menos que Macron dé marcha atrás a última hora, habrá una foto fija de sus diputados votando junto a Le Pen. Y votando no una ley cualquiera, sino una que atañe al tema predilecto de la extrema derecha: la inmigración.
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