jueves, abril 18

La cuenta atrás de Bernardo Arévalo en Guatemala

Este 31 de diciembre, con las campanadas que marcan la llegada del año nuevo, para Bernardo Arévalo (Montevideo, 65 años) comienza otra cuenta atrás: la de su investidura como presidente de Guatemala, el 14 de enero, un hito que ni él ni el más optimista de los miembros de su partido —el Movimiento Semilla— podían imaginar hace poco más de medio año, y que, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de agosto, se ha convertido en una carrera de obstáculos.

En los más de cuatro meses que han pasado desde que fue elegido en las urnas, este sociólogo, diputado y diplomático experto en resolución de conflictos ha denunciado varias veces un golpe de Estado perpetrado por el Ministerio Público y encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras. Esos intentos de descarrilar la transición de poder con un rastro de casos judiciales han fracasado gracias a una fuerte movilización ciudadana en defensa de la democracia —impulsada principalmente por los pueblos indígenas— y una firme condena de la comunidad internacional que no ha titubeado al denunciar cada ofensiva de la Fiscalía para evitar la investidura del presidente electo.

Varios analistas consultados por EL PAÍS creen que en los próximos días puede aún haber nuevos intentos de tumbar a Semilla por la vía judicial, pero también consideran que son pocas posibilidades de que salgan adelante. Sobre todo, tras un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad, a mediados de diciembre, que ofrecía garantías para que Arévalo se ponga la banda presidencial el 14 de enero.

Para llegar a la presidencia, Bernardo Arévalo convenció a la mayoría de los guatemaltecos con un firme mensaje anticorrupción en un país que en los últimos años ha enfrentado un serio retroceso democrático, con cada vez menor independencia entre poderes y con la persecución a jueces, fiscales, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que han combatido o señalado la corrupción.

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero no tan brutal”

El presidente electo y su equipo, conformado principalmente por jóvenes universitarios y profesionales progresistas de zonas urbanas, sabían que su propuesta de cambio encontraría la resistencia de lo que en Guatemala llaman el “pacto de corruptos”, una alianza informal de políticos y élites burocráticas y empresariales que se protegen entre sí para mantener el poder. Pero desde su partido se dicen sorprendidos por la intensidad del intento de sabotaje de los resultados, algo que, reconocen, les ha quitado tiempo para preparar la transición.

“Desde el proceso de fundación de Semilla nos ponían obstáculos. Hemos estado permanentemente desafiando las barreras que el sistema ponía y sabíamos que no nos iban a dar la bienvenida con fiestas y pompas”, afirma Román Castellanos, uno de los 23 diputados que tendrá el oficialismo en el Congreso, donde el partido de Arévalo será la tercera fuerza. “Sabíamos que iba a ser difícil, pero no tan brutal, que fuera tan institucionalizada la embestida en contra de la voluntad popular, para deslegitimar el resultado electoral y socavar la legitimidad del presidente electo”.

Bernardo Arévalo
El diputado Román Castellanos, el 21 de diciembre de 2023, en Ciudad de Guatemala.Edwin Bercián (EFE)

Pese a reconocer que esta situación les ha restado tiempo para trabajar en las urgencias que necesita un país con altos niveles de pobreza y desigualdad y grandes retos de desarrollo, Castellanos cree que los ataques han fortalecido a Arévalo. “El presidente electo llega con más fortaleza en su liderazgo y legitimidad a nivel nacional porque se ha vuelto un símbolo de la lucha por la democracia, por las libertades fundamentales y por el respeto a la frágil institucionalidad democrática que nos queda”, sostiene. Para él, la llegada de Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera al poder implicará “la contención del deterioro democrático”, un requisito que, para Semilla, es indispensable para poder trabajar en las otras necesidades del país.

El principal reto: generar gobernabilidad

La politóloga Marielos Chang coincide en que los constantes ataques le han sumado caudal político y popularidad a Arévalo, pero cree que estas embestidas también pueden haber alejado a personas a sumarse a su Gabinete porque no quieren verse atacadas. Para ella, el principal reto del presidente electo será cumplir con la oferta electoral que le dio la victoria, la lucha anticorrupción, un objetivo que, dice, puede buscar por dos vías: la persecución legal de los casos de corrupción, algo que, a su juicio, será difícil mientras continúe Consuelo Porras como fiscal general; y “la elaboración de las reformas necesarias para poder sentar las bases para que no existan estos grandes casos de corrupción”.

Ministerio Público
La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, en Ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre de 2023.EDWIN BERCIAN ((EPA) EFE)

Otro reto, dice, será lograr un cierto nivel de gobernabilidad con un Congreso donde su partido no tiene mayoría y con unas cortes, como la de Justicia, que han abierto algunos procesos en contra del Movimiento Semilla. “Tienen una navaja en el cuello que los va a limitar, pero esto no significa que no vayan a poder hacer mucho”, afirma Chang. “Yo creo que la situación política en Guatemala estaba en un nivel tan bajo que tiene una oportunidad dentro del Ejecutivo de hacer cambios sustanciales y que pueden ser bien vistos por parte de la población”.

Entre los cambios que espera la analista está que acelere la contratación de personas capaces de movilizar los servicios públicos en ministerios clave como los de educación, salud o infraestructuras, y también promover una mayor transparencia con los medios de comunicación. ”Estamos hablando también de un Ejecutivo que esperamos que no persiga a la prensa como lo hizo el Gobierno de Alejandro Giammattei”, apunta.

La permanencia de la cuestionada Consuelo Porras al frente del Ministerio Público será sin duda uno de los grandes asuntos que ocupen la actualidad de Guatemala en los próximos meses. Arévalo ha dicho que una de las primeras cosas que hará como presidente será solicitar la renuncia de la mujer a la que ha acusado de orquestar el golpe de Estado en su contra. “Hay suficientes argumentos ya de abuso de poder, de usurpación de funciones, de violación flagrante de la Constitución para pedirle la renuncia, algo que no hizo Giammattei, pero que puede hacer Arévalo”, señala el excanciller y analista político Édgar Gutiérrez.

Gutiérrez cree que, en este escenario, la jefa del Ministerio Público se amparará y pondrá resistencia a la espera de que la proteja el sistema judicial, lo que generará tensiones. “Pero con unas cortes que actúen más independientes, sí la pueden sacar. Creo que ella se está quedando sola”, opina el excanciller. “Para que su política de persecución criminal sea eficaz, Consuelo Porras necesita bailar el tango, necesita una pareja, un sistema judicial complaciente”, añade. “Si los jueces examinan las causas y dicen: ‘Esto no se sostiene, esto no es prueba, no es indicio’, y comienzan a fijarle límites, la capacidad de Consuelo Porras de perseguir políticamente se va a reducir”.

Para Gutiérrez, además, será fundamental que el presidente electo busque alianzas y establezca equilibrios con los movimientos indígenas, que han salvaguardado la democracia a través de sus movilizaciones, y con los empresarios. “Tiene que aprender a generar una cultura política de relación con el sector privado que ya no esté basada en privilegios, como ha sido con todos los gobiernos, sino en reglas de competencia, de respeto de la ley tributaria y de la ley laboral”, opina. En el caso de los pueblos indígenas, cree que el Ejecutivo debe tener una presencia muy activa en los territorios para mediar frente a las empresas que llegan a explotar los recursos.

“Creo que hay un antes y después en la vida política del país y de los pueblos indígenas como actores fundamentales después de estas elecciones y después de este proceso que hemos estado viviendo”, dice el diputado Castellanos, quien es originario de una comunidad maya (los q’eqchi) de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz (norte). “A partir de ahora, los pueblos indígenas pasan a ser un actor central en las decisiones del país porque han sido las autoridades indígenas y los representantes comunitarios los que han salido a movilizarse en defensa de la democracia”.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

_