El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una multa de USD 90.6 millones a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles en México, por prácticas que restringen la competencia en el libre mercado. Según el IFT, la empresa entró en estructuras monopólicas para ofrecer a los distribuidores incentivos destinados a bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
IFT explicó que Telcel brindó información y beneficios a ciertos canales de distribución al condicionar la oferta de paquetes de telefonía móvil a que no se colocaran en el mercado productos de otras empresas competidoras. Se le dijo al regulador que esta estrategia viola los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que condujo a esta sanción comenzó en el verano de 2021 y resultó en un informe de causa probable a fines del año pasado. Telcel tiene la oportunidad de impugnar esta resolución y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, anunció su intención de imponer una sanción. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa respondió a las acusaciones y preguntó cómo se llevaría a cabo la investigación, argumentando que las acusaciones se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en la industria móvil de México, prestando servicio a aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. En el trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT ha restablecido la importancia de los reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción confirma el estatus clave que priva a estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en México, especialmente en el contexto de las discusiones sobre una posible reforma encaminada a articular organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que son una fuente esencial de información para el gobierno. Según lo ordenado, estas entidades no completan adecuadamente su propuesta ya que han recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar recortes para las industrias reguladas e impactar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto en términos generales, y la decisión final sobre la continuación o vencimiento del IFT dependerá del próximo mandato, que inició sus funciones el 1 de septiembre. En una situación en la que un funcionario garantiza calificaciones superiores, la situación del IFT y otros organismos autónomos es un punto crítico.
