El Tribunal de la ONU evita exigir un alto el fuego en Gaza pero reclama a Israel medidas para impedir un genocidio | Internacional

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha ordenado este viernes a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina en Gaza, aunque ha evitado adoptar la medida más rotunda: reclamar un alto el fuego en la Franja. Los jueces no han pedido al Estado judío que detenga su ofensiva militar en el enclave, que deja ya más de 26.000 muertos, pero la exigencia de que Israel permita “la entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos” muestra que el tribunal, la máxima instancia judicial de la ONU, es “consciente de la tragedia humana que tiene lugar en la zona”, tal y como ha indicado su presidenta, Joan Donoghue.

El auto del tribunal, con sede en La Haya, se deriva de la demanda presentada a finales de diciembre por Sudáfrica al TIJ, con el argumento de que Israel tiene supuestamente “intención genocida” contra la población palestina (más del 1% de la población del enclave palestino ha fallecido por la incursión militar). Invocó para ello la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, de 1948, de la que ambos países formas parte, y que debe garantizar la protección de la población de Gaza. También subrayaba Sudáfrica en sus alegaciones que lo ocurrido en la Franja “supera la legítima defensa”. Sudáfrica reclamaba medidas cautelares para evitar esa situación de posible genocidio. La decisión de este viernes se refiere solo a esas medidas de emergencia reclamadas. El fondo de la cuestión —si se ha cometido o no genocidio en Gaza— puede tardar años en dirimirse.

Entre las medidas dictadas por el TIJ figura la exigencia de que Israel se asegure de que sus tropas no cometan actos de carácter genocida; que se prevenga y castigue la incitación al genocidio; y que se evite la destrucción de pruebas de los crímenes. Además, Israel debe informar al TIJ del cumplimiento de estas medidas en el plazo de un mes.

Durante la lectura de la decisión, Donoghue ha puesto de manifiesto que el tribunal es plenamente consciente del contexto en que se están desarrollando los acontecimientos. No solo por lo que hace Israel en Gaza, sino también debido a las razones que alega para lanzar su ofensiva tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Por eso ha calificado de “catastrófica la situación humanitaria en Gaza”, y ha dicho que hay “urgencia debido al riesgo de que la situación empeore”, pero también ha aludido a Hamás. En ese contexto, el tribunal ha instado “a la liberación inmediata e incondicional de los rehenes israelíes que están en manos de la milicia islamista, y de otros grupos”.

La decisión del TIJ ha sido una de las más complicadas afrontadas por este tribunal y ha estado rodeada de tensión política. “Se ha detenido con cuidado en las alegaciones formuladas contra Israel por expertos y funcionarios de Naciones Unidas para fundamentar sus medidas”, dice, al teléfono, Asier Garrido Muñoz, exletrado del TIJ. En su opinión, aunque no se ha llegado a pedir el cese de las hostilidades, “los jueces han ido tan lejos como les permitía la convención”. Y el apartado de la entrada de asistencia humanitaria en Gaza, “indica que la corte entiende la terrible situación humanitaria de la población palestina”. ¿Aísla esta ordenanza a Israel? “La presión internacional hacia Israel será a partir de ahora muy fuerte para que si no detiene la operación militar, al menos la lleve a cabo de una forma muy diferente a la actual”, apunta.

Aunque las medidas cautelares son vinculantes para las partes, cabe la posibilidad de que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu no las cumpla porque el tribunal no tiene capacidad para garantizar el cumplimiento. De ahí el uso del mecanismo ejecutivo aplicado por los jueces pidiendo informes a Israel sobre lo que está haciendo. El artículo 41 del Estatuto del TIJ indica a su vez que debe informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la decisión adoptada. El Consejo puede recordar a Israel que cumpla lo que le han ordenado los jueces, o bien adoptar sus propias medidas. A esto último no está obligado y, de hacerlo, se basa para ello en la Carta de Naciones Unidas.

El tribunal ha estado compuesto por 17 jueces: los 15 ordinarios más otros dos ad hoc, designados por las partes en litigio, que no contaban con uno de su nacionalidad. Por el lado israelí, ha intervenido Aharon Barak, expresidente del Tribunal Supremo de su país. Él ha votado a favor de que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, y de que Israel prevenga y penalice la incitación al genocidio. Por parte sudafricana ha intervenido Dikgang Moseneke, que fue vicepresidente del Supremo.

Si Sudáfrica sigue adelante a partir de ahora con este caso, se evaluará el fondo e Israel puede presentar excepciones preliminares a la jurisdicción de la corte. En conjunto, una sentencia sobre si ha habido un genocidio en Gaza puede demorarse varios años.

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