La mayoría de los países desarrollados han eliminado el impuesto a los activos netos. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, pudiendo la carga impositiva llegar hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuesto, aunque con muchas más bahías que España.
Según datos de la OCDE, en España la cantidad de riqueza es progresiva y oscila entre el 0,16% en Navarra y el 3,5% en el caso de activos por valor superior a 700.000 euros.
Además, en 2022, el gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica a las personas con un patrimonio superior a tres millones de euros a un tipo que oscila entre el 1,7% y el 3,5%. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes inmuebles en el extranjero, estando sujetos al impuesto los inmuebles situados en España aunque su propietario no sea residente en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, de los cuales el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para las actividades por valor superior a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos a los activos varían según el cantón, oscilando entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a los activos nacionales como a muchos activos en el extranjero.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España tienen una carga fiscal más alta que sus homólogos en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita es tres veces el de España y 2,5 veces el de Estados Unidos.
Los expertos creen que este tipo de contaminación es ineficaz y muchos países desarrollados han decidido eliminarlos. Según la OCDE, en 2022 el impuesto al patrimonio en España representa el 0,54% de todos los componentes fiscales, correspondiente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto constituyó el 1,06% del total de los componentes fiscales, lo que corresponde al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales procedentes de este impuesto constituyen el 4,35% del total, lo que corresponde al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos montos generan pocos ingresos, altos costos administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache, en un artículo para el think tank Tax Foundation, explica que estas tasas son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos determinó que este tipo de delitos violan el sistema de justicia europeo. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía repitieron ante el Tribunal Constitucional el «impuesto de solidaridad» de Pedro Sánchez.
Para contrarrestar la eliminación del impuesto sobre bienes inmuebles en algunas Comunidades Autónomas se ha introducido el término «impuesto de solidaridad temporal», que grava los bienes superiores a tres millones de euros. El Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, asegura que esta solución permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía ajustaron su propio impuesto sobre el patrimonio estableciendo un impuesto regional, que es diferente del impuesto estatal de solidaridad y proporciona una devolución del 100% del impuesto en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron la sombra de la exposición a tres millones de euros, y Murcia a 3,7 millones de euros.
