Con el inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá dio paso a la conformación de su nueva junta directiva y a la intervención del presidente del país ante el pleno, marcando el comienzo de una etapa de gobierno que, desde sus primeras acciones, se perfila como una apuesta al diálogo político y a la implementación de reformas clave.
Dana Castañeda fue elegida como líder de la Asamblea Nacional, apoyada por una alianza de partidos convencionales y miembros independientes. Junto a ella, se integraron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La variedad de fuerzas políticas en esta nueva junta muestra una Asamblea dividida, sin mayorías absolutas, lo que requiere una dinámica de acuerdos para la aprobación de legislaciones y modificaciones.
Durante su intervención ante el cuerpo legislativo, el presidente instó a todos los grupos políticos a superar las rivalidades y a colaborar por el bienestar del país. Destacó la importancia creciente del grupo de diputados independientes, que ahora cuentan con 20 escaños, y lo consideró un mensaje evidente de la población respaldando nuevas prácticas en el manejo gubernamental.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la situación de la Caja de Seguro Social (CSS). El mandatario adelantó que el gobierno impulsará una reforma estructural del sistema, con base en diagnósticos técnicos y diálogo con todos los sectores. Aseguró que no habrá imposiciones, pero sí urgencia en la toma de decisiones, y prometió transparencia en la presentación de los estados financieros del ente.
Otro tema prioritario fue la migración irregular a través del Tapón del Darién. El presidente dejó claro que la frontera sur del país no será tratada como un simple paso de tránsito, sino como una línea de soberanía nacional. Anunció medidas concretas para el control del flujo migratorio, incluyendo un sistema de repatriación, que se ejecutará con apego a los derechos humanos.
En cuanto al sistema financiero, el mandatario reiteró su posición crítica hacia las listas discriminatorias en las que ha sido incluida Panamá por organismos internacionales. En respuesta, se anunció la creación de una Comisión Nacional de Defensa del Sistema Financiero, que trabajará en coordinación con los sectores público y privado para proteger la reputación del país y defender su marco legal en instancias globales.
La situación económica también estuvo presente en el discurso presidencial. Se señaló que la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos cinco años, por lo que se adoptará una política de austeridad. Se proyecta una reestructuración del gasto, la eliminación de privilegios innecesarios y una reorientación del presupuesto hacia la inversión en infraestructura, generación de empleo y atención social.
En cuanto a la gestión gubernamental, el líder sugirió robustecer la institucionalidad del Estado y terminar con la politización de las entidades. Informó sobre auditorías en varias entidades públicas, con la meta de asegurar eficiencia y transparencia. Además, prometió instaurar un nuevo modelo de gobierno, fundamentado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Por último, convocó a una reunión abierta con los principales sectores empresariales, sociales y gremiales del país a partir del 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El objetivo, explicó, es construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar de forma articulada los principales desafíos del país: la seguridad social, el desempleo, el desarrollo económico, la migración y la crisis hídrica que afecta al Canal de Panamá.
Así arranca un nuevo periodo político, en el que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo están llamados a coincidir en objetivos comunes y responder a un contexto nacional que exige respuestas ágiles, diálogo amplio y compromiso con las reformas que la población reclama.
