El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) avanza en la elaboración de una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado, cuyo objetivo es modernizar los procesos de adquisiciones públicas, optimizar la gestión del presupuesto y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos estatales. La iniciativa será trasladada en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su revisión y, posteriormente, socializada con distintas entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil antes de ser presentada al Congreso de la República para su discusión y aprobación.
Actualización de montos y procesos
Uno de los cambios más importantes que sugiere el proyecto está vinculado a los límites de contratación. De acuerdo con el análisis hecho por el Minfin, los valores actuales han disminuido en términos reales por la inflación y el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el techo de cotización fijado en Q900 mil desde 1992 equivale ahora a poco más de Q137 mil. De manera similar, el límite máximo para compras directas, establecido en Q90 mil desde 2009, corresponde actualmente a aproximadamente Q48 mil en valores reales.
Para corregir esta desviación, la propuesta incluye aumentar el límite para cotizaciones a Q2 millones y el de compras directas a Q200 mil. Según las autoridades, esta modificación facilitará las adquisiciones para entidades gubernamentales y municipalidades, disminuyendo la burocracia y evitando demoras en la implementación de proyectos y servicios vitales.
Transparencia y control ciudadano
El diseño de la nueva normativa también refuerza los mecanismos de control y supervisión pública. Todas las adquisiciones, independientemente de su monto, deberán registrarse en la plataforma Guatecompras. Asimismo, se mantendrán las licitaciones obligatorias para montos superiores a Q2 millones, asegurando competencia entre proveedores.
La propuesta incluye también el fortalecimiento de la Subasta Electrónica Inversa (SEI), una herramienta digital que permite obtener mejores precios para bienes y servicios homologados. De igual manera, se busca eliminar las cláusulas de confidencialidad en los contratos estatales, con el propósito de garantizar el acceso público a la información y facilitar la fiscalización ciudadana.
El Minfin subraya que la nueva ley se construye con apoyo técnico internacional y mediante la comparación de marcos legales de países como Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Esto con el fin de incorporar estándares internacionales que permitan mayor eficiencia en la contratación pública y una rendición de cuentas más efectiva.
Complementariedad con otras iniciativas
En paralelo a la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones, el Congreso analiza la iniciativa 6576, conocida como Ley para la Agilización de la Inversión Pública. Esta norma, de carácter especial y temporal por un período de tres años, está orientada a la ejecución de proyectos estratégicos en áreas prioritarias como salud, educación, movilidad, seguridad y acceso al agua.
Según el Ministerio de Finanzas, ambas normativas serán complementarias. Mientras la nueva ley de compras modernizará el régimen general de adquisiciones, la iniciativa 6576 permitirá acelerar inversiones específicas mediante mecanismos simplificados, contratación de proveedores internacionales y convenios con organismos como la ONU, la UNOPS o el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.
Dentro de sus estipulaciones, esta propuesta impone a las entidades del estado, municipios y consejos comunitarios de desarrollo la tarea de divulgar datos específicos sobre proyectos, costos y progresos en plataformas públicas. También incluye la formación del Fondo de Implementación de Inversión Estratégica (Fonives), gestionado por el Crédito Hipotecario Nacional, responsable de administrar fondos nacionales e internacionales dirigidos a iniciativas estratégicas.
Un esquema actualizado para la inversión estatal
El desarrollo de una nueva Ley de Compras y Contrataciones constituye un avance fundamental para ajustar la normativa actual a las demandas presentes del Estado. El aumento en los límites para cotizaciones y compras directas, acompañado del refuerzo en transparencia, tiene como objetivo equilibrar la eficiencia administrativa con la responsabilidad ante los ciudadanos.
Con estas reformas, el Ministerio de Finanzas aspira a crear un marco más ágil, confiable y moderno, que permita a las instituciones ejecutar proyectos con mayor rapidez, mientras se garantiza el uso correcto de los recursos públicos y se fomenta la confianza ciudadana en los procesos de contratación estatal.
