En el mes de febrero, el mandatario fue elegido nuevamente para un segundo mandato, a pesar de la prohibición de reelección inmediata en la Constitución. Su agrupación política conserva una destacada mayoría en el cuerpo legislativo, sobre la cual se basó para implementar reformas que posibilitaron su candidatura y que facilitan la aprobación de leyes con escaso balance de poder.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se estableció un estado de emergencia que anula ciertos derechos esenciales, tal como el derecho al debido proceso y limita las libertades civiles. Aunque se planeó en un principio como una medida temporal frente al incremento de asesinatos relacionados con pandillas, este régimen ha sido extendido en más de 30 ocasiones con el respaldo del legislativo.
Este sistema ha facilitado la captura de más de 85,000 personas de manera arbitraria, con fuerzas de seguridad combinadas desplegadas en gran medida. El número abarca a adolescentes retenidos bajo sospechas de estar ligados a organizaciones delictivas, una situación cuestionada por ponerlos en riesgo de procesos indebidos y sanciones.
Infracciones registradas y censura global
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han clasificado estas acciones como violaciones sistemáticas: arrestos sin justificación, abuso, torturas, despidos forzosos y significativas deficiencias en el proceso judicial hrw.org. Informes subrayan que menores de edad están siendo llevados a prisiones estándar para adultos, contraviniendo normas internacionales que prohíben dicha práctica. Al menos 368 individuos han fallecido en estos lugares durante este lapso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien el marco constitucional permite la suspensión de garantías ante situaciones de emergencia, dicha acción debe ser temporal y proporcional. En esta situación se ha transformado en una práctica abusiva e indefinida, con graves repercusiones políticas y sociales.
Infraestructura penal masiva y sobrepoblación
Para respaldar al régimen, se levantó el controvertido CECOT, un complejo penitenciario con espacio para más de 40,000 presos, aunque opera bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un régimen penitenciario riguroso. Esta prisión de gran tamaño ha sido descrita como un «agujero negro» de derechos humanos, donde se restringe la recreación y las visitas, y se aplican castigos estrictos sin verdadera supervisión.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
Aunque se han sacrificado ciertas libertades, el régimen goza de un fuerte respaldo. Las autoridades argumentan que la medida es necesaria para proteger a los ciudadanos, y muchos ciudadanos la apoyan debido a la significativa disminución de asesinatos.
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Preocupación por menores y deportados
Un fuerte cuestionamiento se ha levantado también por la reubicación de menores en cárceles de adultos, lo cual vulnera derechos fundamentales y compromete edificaciones destinadas originalmente a situaciones especiales.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Evaluación final: ¿protección sacrificando los derechos?
Los resultados en materia de seguridad son innegables: El Salvador registra varios años con cifras históricas bajas de homicidios y en 2024 cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el enfoque ha afectado derechos esenciales y ha erosionado significativamente instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales ahora están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.
