Francisco Pozuelo, director general de Carga Fiscal del Gobierno aragonés, estimó que acordar nuevas tasas ambientales podría reportar 12 millones de euros, teniendo en cuenta 8,5 millones para parques eólicos y 3 millones para parques fotovoltaicos. Esto representa una reducción de los 20 millones previstos inicialmente.
Detalles del tiro
Pozuelo ha apuntado que pese a la reducción de las expectativas de conciliación, no se deben esperar «consecuencias preocupantes» gracias al buen comportamiento de otros impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones. La continuidad de la buena actividad en el mercado inmobiliario puede compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información para establecer cifras preliminares generó represalias en forma de nuevas obligaciones y cambios regulatorios. Destacó la importancia de contar con datos precisos sobre las dimensiones de los objetos para una adecuada regulación.
Cuadrados y proyecciones
Esperan que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque han perdido meses en recuperación. Se estima que el año que viene los ingresos totales por impacto medioambiental podrían aumentar hasta los 22 millones de euros.
Reacciones políticas
PSOE
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir la vergüenza y señaló que los impactos ambientales deberían compensar las reducciones realizadas por otros acusados.
VOX
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley, afirmando que era incompatible con el consenso alcanzado con el PSOE, que desincentivaría la expansión de las energías renovables.
Hay Aragón-Teruel
María Pilar Buj se quejó de que la ley no tenía en cuenta adecuadamente los impactos ambientales y criticó que las personas más contaminantes no pagaran lo suficiente.
Otros grupos
José Luis Soro destacó la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) hizo planes de futuro, sobre todo en proyectos como Maestrazgo, que no se pudo cargar correctamente.
La recomendación esperada y la implementación de nuevos impulsos ambientales en Aragón han provocado un intenso debate político, lo que refleja preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de desembolsos fiscales. Las diferentes posiciones aumentan la complejidad de gestionar la transición hacia energías más limpias en el contexto de las regulaciones fiscales.
