martes, junio 25

La justicia de Nueva York reconoce que una empresa española y la CIA violaron los derechos de los visitantes a Assange | Internacional

Un juzgado de Nueva York ha concluido que la empresa española UC Global S.L. y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) violaron los derechos y la privacidad de los ciudadanos norteamericanos que visitaron a Julian Assange durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, derechos que garantiza la cuarta enmienda de la Constitución.

Cuatro ciudadanos norteamericanos, dos abogados y dos periodistas, demandaron por espionaje a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, a la agencia de inteligencia y a David Morales, exmilitar español propietario de la compañía con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) que se ocupaba de la seguridad en la legación diplomática.

El juez John G. Koeltl ha dictado una resolución en la que reconoce la violación de los derechos de los demandantes cuando los empleados de UC Global S.L. se hicieron con sus teléfonos móviles y fotografiaron sus claves y contenido, unas prácticas que considera ilegales. En cambio, las grabaciones con micrófonos de sus conversaciones en la embajada y las fotografías a sus pasaportes no son ilegales, según esta resolución. Y lo argumenta por la “no expectativa de privacidad (de los demandantes) en esa embajada” al ser un lugar público.

El fallo supone un éxito para los demandantes y un problema para la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, ya que los primeros exigirán ahora el discovery (la desclasificación) de la operación de la CIA. Y el juez deberá autorizarla, según señalan fuentes jurídicas. Una misión secreta, cuyos detalles (audios, vídeos, correos y documentos) fueron desvelados por una investigación de EL PAÍS y cuyas pruebas han presentado las cuatro víctimas del espionaje ante la justicia de Nueva York.

El juez señala en su veredicto que los demandantes han presentado “pruebas suficientes” de que Morales actuó como agente o colaborador y siguiendo las instrucciones de la CIA y de su director Pompeo, exsecretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021). La decisión rechaza los argumentos de los demandados para archivar la totalidad de la denuncia.

La demanda contra Mike Pompeo la presentaron en agosto de 2021 las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek y los periodistas John Goetz y Charles Glass, ambos especialistas en temas de seguridad nacional. Todos ellos visitaron a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, al igual que centenares de personas y, según la demanda, fueron espiados más de 100 ciudadanos norteamericanos, incluyendo los abogados y médicos del australiano, por orden de la CIA durante el mandato de Pompeo. El magistrado neoyorkino recoge en su fallo las declaraciones del ex director de la CIA en las que señaló al fundador de WikiLeaks como “objetivo” de la agencia y avanzó que iniciaría una “larga campaña” contra su organización.

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El trabajo de EL PAÍS desveló en 2019 que la compañía UC Global S.L. espió para EE UU las conversaciones de Assange con sus abogados y colaboradores cuando preparaban su estrategia de defensa frente a la petición de extradición de ese país por revelar información secreta de las guerras de Irak y Afganistán. Semanas después, la Policía detuvo a su propietario y director, David Morales. El exmilitar está desde entonces en libertad provisional y la Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.

Micrófonos en los baños

El espionaje a Assange comenzó en diciembre de 2017. Morales ordenó a sus trabajadores la instalación en la embajada de nuevas cámaras de vídeo con micrófonos, así como de aparatos de escucha en los extintores y en el cuarto de baño de señoras, donde se reunían los letrados ante la sospecha de ser espiados. El exinfante de Marina pidió a sus técnicos que colocaran en las cámaras un acceso externo de streaming (emisión en directo) para que desde Estados Unidos se pudiera acceder de forma instantánea a todas las grabaciones. Y habilitó tres canales de acceso “uno para Ecuador, otro para nosotros y otro para X”, según recogen los correos enviados a sus trabajadores. El sistema permitía que los agentes ecuatorianos ignoraran el acceso abierto al espionaje norteamericano.

La información recabada de cada visita que recibía Assange se enviaba a un servidor FTP (file transfer protocol) en Jerez de la Frontera. Un Gran Hermano en el que se ordenador y archivaron centenares de perfiles, informes de cada visita, vídeos, audios, los teléfonos móviles de los visitantes y sus nacionalidades, profesiones: abogados, diplomáticos, médicos, periodistas, etcétera. Trabajadores de UC Global S. L. y varios testigos protegidos que han declarado en la causa judicial aseguran que a ese servidor se tenía acceso desde la CIA, y que Morales no quiso revelar la identidad de “sus amigos americanos”. En el ordenador portátil del exmarine se han encontrado carpetas con el nombre “CIA”. La Policía judicial española omitió este hallazgo en el marco de la investigación judicial que instruye el magistrado Santiago Pedraz.

El equipo de UC Global S.L.. instaló, también por orden de Morales, pegatinas que eliminan la vibración en las ventanas de las habitaciones que frecuentaba el ciberactivista australiano para facilitar la captación de conversaciones desde el exterior mediante micrófonos láser supuestamente empleados por la CIA.

El espionaje al ciberactivista australiano se multiplicó cuando se sospechó que planeaba salir de la embajada en 2017 con estatus diplomático ecuatoriano y dirigirse a Rusia, algo que sus letrados y Assange niegan. El destino final, según aseguran, era Ginebra ( Suiza). Entre los espiados en la embajada está Glenn Greenwald, el hombre al que Edward Snowden le facilitó la exclusiva sobre el espionaje masivo de la agencia de inteligencia estadounidense NSA. Durante su visita, le fotografiaron los visados a Rusia de su pasaporte, además de su teléfono móvil.

Entre los clientes de Morales estaba el magnate del juego Sheldon Adelson, ya fallecido, dueño de Las Vegas Sands, amigo del expresidente Trump y uno de los principales donantes del Partido Republicano. El propio exmilitar ofrecía seguridad al yate de Adelson cuando navegaba por aguas del Mediterráneo.

Investigacion@elpais.es

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