miércoles, abril 17

Bruselas propone endurecer las penas al tráfico de migrantes para reducir las llegadas irregulares a la UE | Internacional

La Comisión Europea quiere combatir la inmigración irregular poniendo el foco en las mafias y endureciendo las penas. Bruselas quiere armonizar las definiciones legales sobre tráfico del personas en toda la Unión Europea y las sanciones para este tipo de crímenes —que son transnacionales— con penas de hasta 15 años de cárcel para el traficante si se produce la muerte de migrantes. La pena se quedaría en un máximo de 10 años si el traficante emplea “violencia grave”, si forma parte de una organización criminal y otros agravantes, según una propuesta de directiva presentada este martes en Bruselas. En España esa propuesta supondría elevar las penas porque el máximo ahora son ocho años. La iniciativa del Ejecutivo comunitario busca ampliar la jurisdicción para perseguir estos delitos también en aguas internacionales (por donde transita en parte este tráfico). La Comisión, que explora fórmulas para reducir las llegadas de migrantes irregulares, quiere, además, dar más poder a Europol, la agencia europea para grandes delitos internacionales, y reforzar la cooperación entre los socios.

Bruselas asegura que el 90% de los inmigrantes irregulares que llegan a la UE usan diferentes servicios de traficantes, según estimaciones de Frontex, la agencia de fronteras de la UE. En la comunicación que acompaña a la directiva, Bruselas apunta que los “despiadados traficantes” han causado la muerte de más de 28.000 personas desde 2014, según cifras de la Organización Internacional de Migraciones. “Los traficantes son una amenaza para los migrantes para la UE”, ha dicho este martes la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que ha reclamado “herramientas” para combatir estas mafias. El proyecto se ha presentado este martes, coincidiendo con una conferencia internacional sobre tráfico de personas que se celebra en Bruselas.

El tráfico de migrantes está alcanzando nuevos niveles en Europa, impulsado por las crisis económicas emergentes, las emergencias ambientales derivadas del cambio climático, los conflictos en diferentes zonas del mundo o la presión demográfica. En 2022 se detectaron alrededor de 331.000 entradas irregulares en las fronteras exteriores de la UE, el nivel más alto desde 2016, después de un par de años con niveles bajos de llegadas debido a la pandemia de coronavirus, donde todo se paralizó, también la inmigración. En lo que va de año (hasta finales de septiembre), se detectaron unos 281.000 cruces irregulares, un 18% más que el mismo periodo del año anterior, según Frontex, que asegura que analizando los flujos migratorios y las crisis existentes “se pueden esperar actividades delictivas de contrabando” en este ámbito. El tráfico de personas es una actividad muy lucrativa, según los análisis de la agencia de la ONU para el estudio del crimen organizado, que estima que las redes de contrabando obtienen entre 4.700 y 6.000 millones de euros al año en todo el mundo (datos de 2018).

Actualmente existe un marco legal europeo contra la “facilitación” de las entradas, pero el Ejecutivo comunitario reconoce que es demasiado amplio y que necesita actualizarse. Además, según la propuesta de directiva —que tendrá que ser ahora negociada con los Estados miembros a contra reloj si se pretende que prospere esta legislatura que acaba en verano—, las penas por los distintos delitos relacionados con el tráfico de personas difieren mucho entre los socios. Armonizarlas, cree Bruselas, tendrá un efecto “disuasorio” y evitará que los traficantes busquen operar en los marcos legislativos menos severos.

El nivel máximo por “facilitar la entrada y el tránsito no autorizado” sin agravantes oscila entre un año en Bélgica y España (el Código Penal español recoge varios agravantes con pena máxima de hasta ocho años) y un máximo de diez años en Bulgaria, Chipre e Irlanda, según datos de la Comisión Europea. Y las sanciones penales por “facilitar la residencia” también varían entre un año en cinco Estados miembros, entre ellos España o Austria o República Checa, y 15 años en Chipre. La nueva regulación establece criterios para que, cuando los delitos se consideren agravados —que haya violencia, que los migrantes sean menores o que presenten especial vulnerabilidad o que el encausado sea un funcionario público—, se impongan penas más altas (entre 10 y 15 años de máximo). Además, remarca que las nuevas penas también deben aplicarse a los “intentos” de entrada irregular, aunque no prospere.

La propuesta de directiva especifica que debe haber ánimo de lucro para que sea considerado “facilitación” de la entrada o tráfico (ayudar a entrar, transitar o permanecer) o que exista “una alta probabilidad de causar daños graves a una persona”. Bruselas acota así la definición, siguiendo las críticas de las ONG de derechos humanos, rescate y derechos civiles, que aseguran que en algunos países se las puede criminalizar por rescatar o por ayudar a los migrantes con fines humanitarios. Así ha sucedido en Grecia o Italia. También en Dinamarca, pero ese país está exento de adoptar esta directiva, como de otras políticas en materia de inmigración, y decidirá si la asume o no. Bruselas también aclara que no se puede criminalizar a los migrantes por haber recurrido a las mafias para cruzar hacia la UE.

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La Comisión reclama, además, que se recoja como delito específico cuando estos crímenes se faciliten, coordinen o promuevan por internet, y recoge que los contenidos online que “instiguen públicamente la entrada” o que “proporcionen asistencia” deben ser considerados “contenidos ilícitos” y tratados según esa regulación que los persigue. Bruselas busca que los Estados miembros puedan perseguir y castigar también los delitos cometidos a bordo de buques y aeronaves matriculados en ese Estado miembro o que lleven su bandera, además de los delitos que se hayan cometido en aguas internacionales en dirección a la UE.

Con la nueva regulación, el Ejecutivo comunitario no ataca, sin embargo, la polémica que ha surgido con los fondos europeos para gestionar los flujos migratorios destinados a países como Libia, donde varias investigaciones han determinado que las propias autoridades que los han recibido han colaborado con las mafias de tráfico de personas, según datos de la ONU.

Bruselas quiere dar más poder a Europol reformulando un centro especializado para luchar contra las redes de tráfico de personas. Además, la Comisión quiere que los Estados miembros destinen a personal especializado para combatir a estas mafias y que aumente la colaboración con Europol, a la que quiere destinar un nuevo paquete de 50 millones de euros, nuevos fondos que serán difíciles de pelear en un contexto de recortes y de revisión de prioridades en el contexto de los presupuestos plurianuales.

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